Fuimos nombrados para la magistratura federal por presidentes de diferentes partidos. Uno de nosotros fue nominado por el presidente Ronald Reagan; el otro por el presidente Bill Clinton.

No hemos estado de acuerdo en todas las cuestiones legales o políticas. Pero en este Día de la Constitución, coincidimos en algo más fundamental.

Nos preocupa la salud de la Constitución que ambos juramos apoyar y defender. No es una afirmación que hagamos a la ligera.

El 17 de septiembre de 1787, los delegados en Filadelfia firmaron una Constitución construida en torno a una idea simple pero profunda: el poder en Estados Unidos estaría dividido.

Ningún presidente, Congreso, tribunal o mayoría política lo controlaría todo. Cada rama poseería su propia autoridad y cada una contendría a las demás.

La fricción fue intencional. Los estadounidenses han debatido sobre los límites de esos poderes desde 1787.

Esa disputa no es una debilidad de nuestro sistema constitucional. Es parte del sistema.

Lo que nos preocupa hoy es algo más grande que las diferencias políticas. Los límites que rodean nuestros desacuerdos se están debilitando y los jueces están pagando el precio.

Los jueces son retratados cada vez más no como servidores públicos que aplican la ley, sino como combatientes políticos. Las decisiones judiciales son tratadas con demasiada frecuencia como legítimas solo cuando producen el resultado político deseado.

Los jueces se enfrentan a llamamientos a represalias y destitución debido a sus fallos. Las amenazas contra los jueces y sus familias se mantien en niveles profundamente preocupantes.

Eso debería alarmar a los estadounidenses de todas las tendencias políticas. Una amenaza contra un juez no es simplemente un problema de seguridad laboral.

Amenaza la promesa constitucional de que los casos se decidirán de manera neutral según la ley en lugar del miedo. La independencia judicial no significa que los jueces estén por encima de las críticas.

Las decisiones judiciales deben ser examinadas, debatidas y, a veces, duramente criticadas. Los jueces cometen errores y los tribunales pueden equivocarse en la ley.

Pero nuestro sistema constitucional proporciona formas de responder a esas decisiones: apelarlas, buscar la revisión de un tribunal superior o cambiar la ley donde el Congreso tenga autoridad.

Así es como una nación gobernada por la ley resuelve los desacuerdos. Amenazar, acosar o intimidar a los jueces es algo completamente diferente.

Tampoco se debe enseñar a los estadounidenses que un tribunal tiene autoridad solo cuando su fallo favorece a su bando político. La Constitución no puede funcionar de esa manera.

Alexander Hamilton describió famosamente al poder judicial como la rama «menos peligrosa» porque los tribunales no controlaban ni el tesoro de la nación ni su poder militar.

El poder judicial depende en última instancia de algo más frágil: la confianza en su legitimidad y la voluntad del público de respetar los fallos legales.

Esa confianza está siendo severamente tensionada. Entendemos por qué muchos estadounidenses tienen preocupaciones sobre los tribunales.

Algunos cuestionan la ética judicial o creen que jueces particulares se han vuelto ideológicos. Otros se preguntan por qué jueces no elegidos con cargos vitalicios deben ejercer tal autoridad.

Esas preguntas merecen un debate serio. La independencia judicial no es inmunidad frente a la rendición de cuentas.

Los tribunales se ganan la confianza a través de la integridad, la transparencia y la fidelidad a la ley. Pero existe una profunda diferencia entre exigir responsabilidades al poder judicial y debilitar su papel constitucional.

La historia estadounidense muestra por qué ese papel importa. Los tribunales han frenado a presidentes de ambos partidos, han invalidado leyes del Congreso y han protegido derechos fundamentales.

No se trata de que los jueces siempre tengan la razón, sino de que exista una institución independiente donde los ciudadanos puedan preguntar qué exige la ley.

Esa institución importa más cuando la respuesta es inconveniente para quienes detentan el poder. Nuestra preocupación se extiende más allá de los tribunales.

Las constituciones no suelen fracasar porque sus palabras desaparezcan de repente. Se debilitan cuando las normas que las rodean se erosionan y cuando la ventaja política importa más que la moderación institucional.

Ningún partido es inmune a esa tentación. Por eso los Padres Fundadores dividieron el poder.

Este Día de la Constitución debe ser un examen de nuestros propios hábitos constitucionales. ¿Defenderemos la independencia de los tribunales para decidir los casos con neutralidad?