Hace un año, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso nuevas restricciones en las visas para estudiantes internacionales y periodistas, limitando a los primeros a cuatro años y a los segundos a 240 días sin una extensión discrecional. El departamento presentó estos límites como necesarios para combatir el fraude de visas y proteger la seguridad nacional. Pero como miles de personas señalaron durante el período de comentarios públicos de 32 días, esa justificación no tenía mucho sentido, y la desventaja era obvia: la regla interrumpiría la cobertura de prensa y disuadiría la inscripción extranjera en las universidades de EE. UU., una fuente importante de ingresos para esas instituciones y un importante motor de crecimiento económico.

Inmutado por esas objeciones, el DHS finalizó su regla en julio. Aunque eso pueda parecer un procedimiento habitual para una burocracia federal, el proceso que produjo la norma fue tan ilógico y desatento que provocó una orden judicial preliminar que prohíbe la aplicación de los límites mientras se ventila una demanda que los impugna. En una decisión mordaz esta semana, un juez federal en Massachusetts concluyó que la regla del DHS califica como "arbitraria y caprichosa" bajo la Ley de Procedimiento Administrativo porque el departamento no ofreció una justificación plausible, consideró alternativas, estimó costos predecibles ni respondió de manera significativa a los puntos planteados por los comentaristas.